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“Yo por mí, no iría al Congreso”. Lo dijo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en un conversatorio de Icare, y probablemente sea la síntesis más honesta que se ha escuchado sobre la forma en que este gobierno entiende al Parlamento. La gestión, explicó, es tremendamente más importante, y esperaba no tener que ir más de un día a la semana. El problema es que lo dijo la misma semana en que la Cámara de Diputados rechazó por un voto la reforma constitucional para ampliar la detención de migrantes con orden de expulsión, y en que la Ley Antibarricadas avanzó al Senado con una indicación opositora aprobada sin el ministro en la Sala.

La derrota migratoria dice mucho. La reforma obtuvo 88 votos cuando el quórum exigía 89, y el voto que faltó se perdió en casa, por un permiso que el propio oficialismo tramitó por el artículo equivocado del reglamento y fuera de plazo. La agenda de seguridad, corazón del Gobierno de emergencia, no la frenó la oposición, sino la descoordinación del propio Gobierno. Y el argumento de Arrau agrega una contradicción difícil de explicar. Si la baja de 14% en los homicidios es, como él dice, pura gestión sin grandes cambios legales, cuesta entender para qué el Ejecutivo gasta capital político en agenda propia de seguridad, y más aún en una reforma constitucional que exige ir, justamente, al Congreso.

Pero la lista sigue. El canciller Francisco Pérez Mackenna advirtió en su interpelación que no respondería todas las preguntas y, cuando el diputado Nelson Venegas le preguntó por qué no renunciaba, le recordó que él no era el presidente de la República. El Escudo de las Américas se adoptó sin despejar si requiere ratificación, al punto de que el Senado, oficialismo incluido, acordó por unanimidad una sesión especial para aclararlo. Puestos en fila, estos episodios cuentan una misma historia, la de un gobierno que trata al Congreso como un trámite y que empezó a recibir la cuenta de vuelta. Tanto así que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de RN, habló de “déficit político” y pidió una “cirugía mayor” al gabinete.

Lo curioso es que esa crítica le llega desde su propia coalición. La misma Núñez explicó que poco puede hacer la Segpres si todos los días hay señales que no se traducen en ánimo de dialogar, recoger propuestas y construir consensos. Es la derecha tradicional, la misma de la que José Antonio Kast se separó para fundar su propio partido, recordándole al presidente algo que la política chilena aprendió hace tiempo. En un Congreso donde nadie tiene mayoría propia, lo que no se negocia no se aprueba.

La paradoja es que el manual para hacerlo existe, y no hay que ir muy lejos para encontrarlo. Los dos últimos gobiernos, de signos opuestos y ambos sin mayoría en el Congreso, lo aplicaron. El anterior gobierno de la derecha tradicional, el de sus actuales socios, convocó en 2018 una mesa de seguridad que reunió a oficialismo y oposición, parlamentarios, alcaldes, Ministerio Público y académicos; en 90 días produjo 150 propuestas, de las que salieron varios proyectos de ley. Y en junio de 2020, en plena pandemia, negoció durante catorce días con los tres principales partidos de oposición un fondo de emergencia de hasta US$12 mil millones, que el Congreso luego transformó en ley.

El de Boric, desde la vereda opuesta, hizo lo mismo con sus dos reformas más importantes. La ley de 40 horas, que llevaba seis años en el Congreso, se aprobó en 2023 tras un acuerdo que sumó a la derecha y al empresariado; el Senado la votó por unanimidad y en la Cámara obtuvo 127 votos contra 14. La reforma de pensiones, después de más de dos años de tramitación, se destrabó a comienzos de 2025 con un acuerdo con Chile Vamos en el Senado, y terminó aprobada por 40 votos contra 7 en esa cámara y por 110 contra 38 en la de Diputados. En la de 40 horas, el único rechazo en la Cámara vino del Partido Republicano; en la de pensiones, el partido de Kast también votó en contra.

Este Gobierno, en cambio, llegó con la lógica opuesta. Su reforma de seguridad original facultaba al presidente para ingresar organizaciones a un registro de terroristas sin pasar por el Poder Judicial, un diseño pensado más para concentrar poder que para sumar votos. Hay señales de que La Moneda empieza a corregir el rumbo. Esta semana comunicó que retirará esa reforma y que respaldará un texto elaborado por los senadores Jaime Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos), que se tramitaría junto a la iniciativa penitenciaria de la senadora Paulina Vodanovic (PS), y el propio Presidente planteó sentar a Gobierno y oposición en una misma mesa. Es, probablemente, el primer gesto de política de acuerdos que ha tenido esta Administración, aunque llega por necesidad y no por convicción, y con un ministro de Seguridad que sigue creyendo que el Congreso le quita tiempo.

Un Gobierno que no quiere ir al Congreso tendrá que ir igual, porque las leyes que promete no se aprueban desde La Moneda. Y algunos dicen que, para eso, necesita más acuerdos y más oficio político en su gabinete.

Ironía de la suerte, el manual para esta etapa lo escribieron todos los gobiernos anteriores, incluidos los que Kast más criticó, como el de sus actuales socios de coalición, que hoy le piden sentarse a conversar.

Columna publicada en El País.