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El jueves 8 de octubre, poco después de las cinco de la tarde, la quebrada que baja hacia San Carlos de Apoquindo arrastró autos, un bus del transporte público y barro suficiente para meterse en clínicas, hospitales y universidades. Esa misma noche, tres horas más tarde, el presidente ya había instruido decretar zona de catástrofe en Las Condes: llegaron los militares y el Gobierno suspendió la ceremonia con que pensaba promulgar al día siguiente su megarreforma. Fue una reacción rápida y visible, como la que cabría esperar de quien llegó a La Moneda prometiendo un Gobierno de emergencia.

En julio esa velocidad no apareció. Senapred anunciaba desde el 17 de julio el peak de lluvias entre Coquimbo y O’Higgins. El estado de catástrofe para Coquimbo y la provincia del Huasco se decretó el 20, cuando parlamentarios de la zona no sólo lo pedían, sino que amenazaban con votar en contra del Gobierno; y el gobernador Cristóbal Juliá reclamaba que Senapred ni siquiera tenía motobombas. Ese día, desde la región, el presidente Kast defendió el retraso señalando que el estado de excepción “no se hace en un par de horas”. En Las Condes bastaron unas tres.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, intentó explicar la diferencia sin que pareciera discriminatoria. Habló de geografía, de conectividad y de las distintas capacidades de los municipios, y tiene razón, aunque no en el sentido que buscaba. La capacidad municipal en Chile tiene precio y está muy mal repartida. Según el Sistema Nacional de Información Municipal, Las Condes contó en 2023 con 1.164.000 de pesos presupuesto por habitante, y el Fondo Común Municipal apenas representa el 2,4% de sus ingresos propios. En Alto del Carmen, una de las comunas que quedaron aisladas en julio, ese fondo representa el 68%. Esa es la distancia entre un municipio con equipos, maquinaria y una alcaldesa que puede pedir mallas de contención con meses de anticipación, y otro que depende de que llegue el nivel central.

Sin embargo, el Gobierno tuvo la oportunidad de acortar esa brecha y prefirió no escuchar. La megarreforma -la misma que el presidente Kast pensaba promulgar, pero que suspendió después- eximió de contribuciones la primera vivienda de los mayores de 65 años, un beneficio que, según cifras de Hacienda, concentra cerca de un tercio de los inmuebles favorecidos en Las Condes, Providencia y Vitacura. Más de cien alcaldes de oposición e independientes pidieron que la compensación entrara íntegra al Fondo Común Municipal, el único mecanismo que redistribuye desde las comunas ricas hacia las pobres, y solicitaron un veto presidencial. El Ejecutivo respondió que ningún municipio perdería ingresos, y optó por devolver a cada comuna lo que dejaba de recaudar. El Senado lo aprobó por 27 votos contra 22, después de que Hacienda comprometiera con los senadores Matías Walker y Sergio Gahona recursos para la reconstrucción de Coquimbo. La reconstrucción del norte terminó como moneda de cambio de una fórmula que congela la desigualdad territorial justo cuando el clima la está haciendo más cara.

Aún así, ni siquiera Las Condes es un caso de éxito si se mira lo que ocurrió antes del barro. En febrero, un reporte técnico de Sernageomin advirtió que el sector, arrasado por un incendio a fines de diciembre, era altamente propenso a estos flujos y que las obras de mitigación tenían deficiencias. En junio se presentó un proyecto del MOP por $754 millones para instalar mallas dinámicas en las quebradas más críticas. El 8 de octubre las mallas estaban en el país, pero no instaladas, y tampoco hubo mensaje SAE de evacuación.

El Gobierno hizo de una emergencia discutible su consigna de campaña y de gobierno, y la realidad le respondió con varias de verdad (un shock petrolero internacional, los temporales de julio en el norte y de agosto en el centro sur, la tensión con Argentina por el Estrecho de Magallanes, y el aluvión de esta semana). No todas son responsabilidad suya, qué duda cabe, pero la gestión del riesgo tiene un abecé conocido, y el Ejecutivo ha fallado en casi todas sus letras. La primera es dotar de recursos a quienes responden. Ya se vio lo que hizo con los municipios, y con el propio Senapred fue más lejos. En mayo, el Decreto 371 de Hacienda le quitó $274 millones al programa de gestión del riesgo de desastres, y el proyecto de Presupuesto 2027 recorta ese mismo programa en 30,6%. La segunda es planificar, y en la Región de Coquimbo solo cinco de sus quince comunas tienen formalizado el plan comunal de reducción del riesgo que contempla la ley 21.364, según datos de Senapred. La tercera es alertar a tiempo, y la directora de Senapred reconoció tras el aluvión que en Chile no existe monitoreo en tiempo real de remociones en masa. Con razón la contralora Dorothy Pérez ha calificado al servicio de extremadamente precario.

A los problemas de diseño que le han señalado sectores de su propia coalición y a los de relato que le reprochan sus críticos, se suman ahora los de gestión de riesgos y de crisis, que son los que la ciudadanía perdona menos. La última Criteria deja la aprobación de Kast en 27%, con 64% de desaprobación.

Kast eligió su emergencia y armó el Gobierno para ella. Las que llegan sin pedir permiso encuentran un Estado que corre en Las Condes y camina a paso lento en Alto del Carmen. Ante esto, el Ejecutivo no sólo llega tarde, llega distinto o simplemente no llega, sino que en lugar de emparejar ese paso, lo consagra por ley. El país no elige sus emergencias, pero sí eligió un gobierno de emergencia. Lo que está viendo, hasta ahora, es un gobierno en emergencia.

Columna publicada en El País.