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La violencia de género es un hecho que puede afectar a cualquier mujer sin mediar su ubicación geográfica, pero sí existen variaciones en la forma de enfrentarla. No es lo mismo vivir violencia de género en una gran ciudad que hacerlo en una zona rural o aislada.

Cuando hablamos de violencia de género, nos referimos a todas las formas de violencia que se ejercen contra una mujer por el hecho de ser mujer. Aunque esta realidad ocurre en todos los lugares, las mujeres que viven en zonas rurales muchas veces se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, debido al aislamiento, la dependencia económica, la falta de redes de apoyo y patrones culturales más tradicionales que pueden normalizar ciertas conductas. En muchos casos, incluso, las propias mujeres no identifican que lo que están viviendo es violencia, ya que esta no siempre es física, sino que también puede ser psicológica, económica, sexual o vicaria.

El problema entonces es cómo enfrentar esta violencia si los medios de acceso a ayuda no siempre están disponibles o no son de fácil acceso para todas las mujeres. Aunque existen Centros de la Mujer a lo largo del país, su distribución territorial no siempre permite un acceso real y oportuno. En la región de Arica y Parinacota, por ejemplo, solo existe un centro en la comuna de Arica; para las habitantes de Visviri, el centro más cercano está a 270 kilómetros. Asimismo, en la región de Ñuble, que cuenta con 21 comunas, existen solo tres centros; para las habitantes de Pullay, el centro más cercano se encuentra en Portezuelo, a 96 kilómetros. Esto obliga a muchas mujeres a trasladarse, gastar tiempo y dinero, y muchas veces hacerlo en silencio para evitar riesgos. Denunciar o pedir ayuda no debería implicar ponerse en mayor peligro.

Podría pensarse que hoy existen alternativas para denunciar a través de canales telefónicos o plataformas como Comisaría Virtual o Clave Única, pero esa solución está pensada desde la realidad urbana. En zonas rurales o aisladas, la falta de conectividad, la escasa cobertura telefónica, la ausencia de internet y las dificultades para utilizar plataformas digitales hacen que estas herramientas no siempre sean una solución real. La tecnología puede acercar el Estado a las personas, pero cuando no existe acceso a ella, también puede transformarse en una nueva forma de exclusión.

La violencia de género no solo genera desigualdad entre hombres y mujeres, también evidencia una profunda desigualdad territorial. Mientras el acceso a redes de apoyo, prevención, educación y justicia dependa del lugar en el que vive una mujer, no podemos hablar de una igualdad real. La descentralización también debe ser en derechos, porque vivir en regiones no puede significar vivir con menos protección.

Esta es una tarea del Estado, pero también de los gobiernos locales y de las autoridades comunales a lo largo de todo el país. Porque la protección de las mujeres no puede depender del lugar donde viven, y la agenda de género debe ser, necesariamente, también una agenda territorial.