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Las encuestas ciudadanas son, casi con toda seguridad, la fotografía de un momento específico, con un contexto determinado y que demuestra, de alguna u otra manera, la evolución de la confianza ciudadana hacia los gobiernos de turno. De hecho, si hablamos de la Agenda Setting, es decir, la capacidad que tienen los medios de comunicación para establecer los temas que son —o no— importantes, resulta evidente que son las encuestas las que verifican si esos temas han sido considerados por la clase política y la administración.

Así, las encuestas marcan la agenda mediática y determinan los temas relevantes para el ejecutivo de turno: una aprobación constante y positiva significa que el barco navega de forma segura. Por el contrario, una desaprobación excesivamente negativa puede significar una sola cosa: la necesidad de cambios urgentes y, muchas veces, políticamente dolorosos.

La aprobación presidencial puede variar por distintos factores: la agenda mediática, las demandas sociales, la oposición política o los escándalos de sus autoridades. Este último punto cobra especial relevancia cuando son figuras del propio gobierno quienes terminan afectando la brújula de la aprobación ciudadana. La pregunta es evidente: ¿por qué un presidente tarda en tomar una decisión aun cuando las encuestas muestran un deterioro sostenido? La respuesta podría estar en que esas autoridades forman parte del núcleo político o incluso personal del mandatario, por lo que su salida representa una derrota política para La Moneda.

Un ejemplo de ello ocurrió durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando Rodrigo Peñailillo, entonces Ministro del Interior, quedó envuelto en las controversias relacionadas con los casos Caval, Penta y SQM. La situación generó un desgaste político que afectó tanto su figura como la percepción ciudadana del gobierno. Su salida se concretó durante el cambio de gabinete de mayo de 2015. Peñailillo era una de las figuras de mayor confianza de la presidenta y había sido clave en su retorno al poder. En ese momento, Bachelet registraba un 29% de aprobación y un 66% de desaprobación.

Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el caso más emblemático fue el de Andrés Chadwick, también Ministro del Interior y primo del exmandatario. El estallido social de 2019 marcó un punto de inflexión en su trayectoria política. La oposición lo responsabilizó políticamente por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, transformándolo en el principal foco de presión sobre el gobierno. Su salida fue vista como una medida de descompresión política, pero la decisión se retrasó debido a su cercanía política y personal con Piñera. Cuando abandonó el gabinete, el gobierno registraba apenas un 14% de aprobación y un histórico 78% de desaprobación. Posteriormente, el Senado aprobó una acusación constitucional en su contra, dejándolo inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.

El tercer caso corresponde al gobierno de Gabriel Boric y a la figura de Giorgio Jackson, uno de sus principales aliados políticos desde el movimiento estudiantil de 2011. Tras el estallido del Caso Fundaciones, Jackson se transformó en un factor de tensión para el Ejecutivo. Desde distintos sectores se planteó que su permanencia dificultaba los acuerdos con la oposición. Sin embargo, su cercanía con el presidente retrasó la decisión. Finalmente, dejó el cargo en agosto de 2023, cuando el gobierno mantenía una aprobación cercana al 30% y una desaprobación del 64%. A pesar de haber declarado en calidad de imputado, hasta la fecha no ha sido formalizado por el Ministerio Público.

El análisis plantea una interrogante hacia el futuro: si existiera una figura capaz de transformarse en una gangrena política para el actual gobierno de José Antonio Kast, ¿quién podría ocupar ese lugar? Considerando factores como la confianza política, la cercanía personal con el mandatario, las presiones de la oposición y las controversias previas a la instalación del gobierno, el autor apunta a Jorge Quiroz, actual Ministro de Hacienda, como una figura que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

A casi tres meses del inicio de la administración, la aprobación presidencial se sitúa en torno al 41%, mientras algunas medidas impulsadas desde Hacienda, particularmente los recortes presupuestarios, han incidido en el debate público. La pregunta final queda abierta: ¿podrá el presidente identificar a tiempo cuándo una figura de su gabinete comienza a transformarse en una carga política para su gobierno?