Elvetodelalealtad

Probablemente nadie dijo la palabra “lealtad” en la reunión de timoneles con el presidente Kast, pero sin duda flotaba en el ambiente como una advertencia.

El detonante fue el fracaso, esta semana, de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. El bloque republicano y sus aliados libertarios sostuvieron el libelo, mientras que en Chile Vamos hubo apoyos parciales, rechazos, abstenciones e inhabilidades que terminaron por desarmar cualquier mayoría. Fue una derrota que expuso, más que una diferencia táctica, una fractura de fondo.

Días después, desde Uruguay, el propio presidente deslizó la posibilidad de que las fuerzas oficialistas terminen constituyendo una coalición formal, llamando a las fuerzas de Gobierno a converger en la agenda de urgencias, mientras se abría a que las energías oficialistas se inviertan en una coalición. La respuesta fue inmediata: mientras él hablaba de unidad desde el extranjero, en Chile la UDI marcaba distancia. Su presidente, Guillermo Ramírez, cuestionó que figuras republicanas se sintieran más cómodas con el Partido Nacional Libertario (oficialmente opositor) que con los propios socios de Gobierno, y llamó a una reflexión sobre cómo debían relacionarse de ahí en adelante.

Ese comentario no es anecdótico. Es el síntoma de algo más profundo.

Hay, en efecto, dos almas dentro de la derecha gobernante. Una es Chile Vamos: Evópoli, RN y la UDI (al menos aquella parte heredera de la transición), hoy autodenominada -no sin ironía- la “derecha valiente” frente a los calificativos que el propio republicanismo les endilgó como “derecha cobarde”. La otra es el Partido Republicano, núcleo ideológico del propio Kast, presionado desde afuera por un PNL que, sin ser Gobierno, ejerce sobre los republicanos una influencia que un reportaje reciente describió sin rodeos como generadora de “pavor” en sus filas.

Ahí está la clave. El Partido Nacional Libertario no tiene que gobernar. No carga con los costos de un ministro removido, un presupuesto ajustado o una negociación fallida en el Congreso. Solo tiene que empujar. Y empuja hacia la pureza ideológica, no hacia la gobernabilidad.

Esta arquitectura explica por qué la discusión sobre lealtad, que en apariencia es interna al oficialismo, en realidad tiene un origen externo y una función precisa.

Hay tres lecturas posibles de esta tensión.

La primera es la más evidente: una guerra intestina entre -a lo menos- dos derechas que compiten por el control del proyecto político. Es el temor a que la derecha moderada termine, como ha ocurrido en otras latitudes (piénsese en la absorción de Ciudadanos por Vox en España, o el achicamiento del radicalismo tradicional frente a Milei en Argentina), disuelta frente al ala más radical.

La segunda lectura, más sutil, es la malinterpretación de la lealtad como obediencia. Sectores que esperan que al presidente se le diga que sí sin matices, sin negociación, sin margen para transar con la oposición, aunque eso sea, precisamente, la esencia de gobernar en un Congreso fragmentado.

Pero la tercera explicación es la que mejor da cuenta de los hechos de esta semana. Y es la más incómoda: esta lucha por la lealtad no es una lucha por la lealtad; es un bloqueo ideológico disfrazado de fidelidad.

Emerge, con precisión casi quirúrgica, cada vez que el Gobierno o sus componentes (diputados, senadores, partidos) intentan tender puentes hacia la oposición. Ocurrió con los indultos. Ocurrió con la acusación contra Grau. Y late en cada reproche que RN o Evópoli reciben cuando defienden posiciones institucionales en vez de posiciones de trinchera.

Quienes agitan esta bandera no preguntan si el Gobierno gana estabilidad. Preguntan si pierden control. Si la respuesta es que sí, invocan la lealtad. Pero lo que realmente exigen es otra cosa: veto permanente sobre cualquier gesto de moderación.

La pregunta, entonces, no es si el presidente Kast puede ser leal a su coalición. Es si puede gobernar sin que su coalición lo convierta en rehén de una fracción que no tiene los votos, pero sí el veto.