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“Eso es culpa mía. Eso es responsabilidad mía.” Así el presidente José Antonio Kast explicó por qué el ministro de Interior (y vocero) Claudio Alvarado se enteró por la prensa de que su propio Gobierno había presentado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (sobre su propio proyecto de ley). “A alguien se le pasó tomar el teléfono”, ironizó Alvarado. “Yo no tengo por qué informarle a todos”, respondió Jorge Quiroz, ministro de Hacienda.

El presidente, en vez de dejar que esa frase hiciera su trabajo, salió a ponerse la descoordinación al hombro: “Uno va avanzando tan rápidamente que se le puede quedar algo fuera, pero es responsabilidad mía, si yo firmo al final, yo dirijo.”

Es una frase que suena bien. Es, también, exactamente al revés de cómo debería funcionar un Gobierno.

Los ministros existen, entre otras cosas, para ser el punto donde la responsabilidad política se detiene antes de llegar a La Moneda. Son los fusibles del sistema. Absorben el corto circuito, se queman si hace falta, y el presidente sigue con la luz encendida. No es una intuición nueva ni exclusivamente chilena: el politólogo R. Kent Weaver la describió hace casi 40 años como blame avoidance, la estrategia mediante la cual un gobierno traslada el costo político de un error a un tercero (típicamente un ministro) en vez de asumirlo la máxima autoridad.

Que un mandatario salga voluntariamente a interponerse entre la opinión pública y el error de su ministro de Hacienda no es un gesto de nobleza; es la confesión de que no entendió para qué sirve el gabinete que él mismo diseñó. Un presidente que se culpabiliza para tapar a un ministro dice, sin decirlo, que ese ministro no le responde a él. O peor: que le responde tan poco que prefiere asumir el error ajeno antes que exigirle cuentas.

El problema más grave aún es que este episodio no es un exabrupto aislado, sino el capítulo más reciente de una temporada completa de gafes y descoordinaciones. Quiroz ha protagonizado, en los últimos meses, casi tantos cruces con sus propios colegas de gabinete como con la oposición. En abril fue con Iván Poduje por los recortes; en mayo fue con José García Ruminot, por los plazos de la megarreforma; con quien también se cruzó en julio, tras el traspié de la megarreforma en el Congreso por votos mal contados. Cuatro ejemplos, cuatro roces en cuatro meses, todos con el mismo denominador común. A eso se suma, esta misma semana, el cruce entre Martín Arrau y May Chomalí, por la reforma constitucional de seguridad: el ministro de Seguridad le respondió, en público, que la ministra “está opinando de una cosa que quizás no está tan al tanto”.

No es solo que dos ministros discrepen (dentro de ciertos límites, eso es sano y hasta deseable, en privado): es que discrepan sin que nadie en Palacio se haya tomado el trabajo de coordinar antes lo que cada uno va a decir afuera, o que terminen tratándose de ignorantes, sencillamente porque se ignoran unos a otros.

Visto en conjunto, el patrón deja de ser anecdótico. Un gabinete no se desordena así por casualidad ni por “la velocidad con que se avanza”, como quiso explicarlo el presidente. Se desordena porque, o nadie está haciendo el trabajo que le corresponde, o no hay nadie que lidere para anticipar los cruces, bajar los egos, asegurarse de que no se declaren la guerra unos con otros o, simple y vulgarmente, de que no se vea el “despelote” hacia afuera.

Ese diseño (o la ausencia de él) es responsabilidad del presidente. La forma correcta de asumirla no es aparecer y decir “es mi culpa” con una sonrisa apesadumbrada; es corregir el diseño y, si hace falta, tomar decisiones complejas como cambiar de ministro. Para eso están los fusibles. Pero que el presidente Kast prefiera el mea culpa a la decisión dice tres cosas, y ninguna es halagadora.

La primera es inexperiencia: la de un presidente que todavía confunde un supuesto gesto de humildad culposa con el ejercicio de la autoridad, y que no ha entendido que en política pedir perdón por el error de un ministro no es generosidad, es abdicación a su rol.

La segunda es una falla de diseño, y particularmente la ausencia de los contrapesos partidistas que un equipo de esa envergadura necesita. Ese es el precio de un gabinete construido con independientes leales al presidente, pero sin anclaje partidario: funciona mientras el presidente tiene la capacidad y el liderazgo de tenerlo a raya, pero el día en que alguno se sale de la línea, ya no queda nada más (ni una mínima disciplina partidista) que pueda encarrilarlo.

La tercera, más incómoda, es que dentro de ese gabinete hay un ministro que se comporta como si las reglas no fueran para él: impugna normas sin avisar, recorta sin coordinar, matiza a sus colegas en público y atribuye a otros la responsabilidad de sus propios traspiés. Y pese a acumular más roces que nadie, sigue intacto: un asesor todopoderoso al que ni sus pares ni, aparentemente, el propio presidente logran poner en su lugar. El presidente Kast puede seguir absorbiendo los costos políticos de su Rasputín, pero cada vez que lo hace no exhibe fortaleza: exhibe, con una nitidez cada vez más incómoda, quién manda realmente en algunas esquinas de La Moneda.

Publicada en El País.